Nota por Francisco Cubillo

Este lunes el feminismo salvadoreño ganó una de sus batallas más importantes en pro de los derechos de las mujeres centroamericanas. Un juez del Tribunal de Cojutepeque en el centro de El Salvador absolvió a Evelyn Hernández, una mujer de 21 años condenada por homicidio agravado, producto de un aborto espontáneo.

En 2017, Hernández fue condenada por un magistrado a tres décadas de prisión, sentencia que fue anulada por la Corte Suprema un año después solicitando un nuevo juicio. Evelyn estuvo en prisión 33 meses a pesar del fallo, hasta que el resultado de una autopsia practicada al feto de 32 semanas estableció que su muerte fue causada por una neumonía aspirativa, que desencadenó un aborto espontáneo, lo que eliminó la posibilidad de que fuese una terminación intencional del embarazo.

En medio de la emoción al salir libre de los juzgados, donde fue recibida con una ovación por decenas de feministas pendientes de su caso, Hernández no tardó en recordar a las otras salvadoreñas condenadas por la justicia de su país, a las que espera poder ver también libres.

Según el reporte mundial de Human Rights Watch para 2019, El Salvador enfrenta un oscuro panorama de derechos humanos. Su mayor enemigo son las pandillas, que ejercen el control territorial matando, desapareciendo, violando o desplazando a sus opositores, extorsionando al pueblo, reclutando niños como gatilleros y explotando sexualmente a mujeres, niñas e individuos LGBTI.

Casos como el de Evelyn Hernández ponen en contexto la persecución hacia las mujeres, y la desmoralización en la que incide la legislación en contra de las víctimas de abuso y violencia.

El aborto es ilegal en el país bajo toda circunstancia desde 1998, y quienes se encarguen de facilitar las condiciones para que sea posible se arriesgan a penas que van desde los seis meses hasta los 12 años. En las últimas dos décadas se han criminalizado más más de 150 niñas y mujeres, mostrando una hostilidad extrema hacia los derechos reproductivos que pone en peligro su salud y sus vidas.

En Centroamérica, estas condiciones no aplican sólo para El Salvador. Nicaragua y Honduras tienen una regulación prácticamente idéntica mientras Costa Rica y Guatemala tienen condiciones ligeramente menos precarias. Ni Costa Rica ni Guatemala permiten un aborto en caso de violación, pero por lo menos no asignan décadas de prisión a mujeres víctimas de violación.

En Costa Rica, en 2018 una comisión de expertos creada por el Ministerio de Salud redactó una Norma Técnica para regular el aborto impune, con la intención de volverlo un procedimiento disponible a las mujeres que lo requieran en clínicas públicas y privadas. Aquí el artículo 121 del Código Penal indica que «No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstetra autorizada» siempre que sea realizado con el fin de evitar un peligro para la salud -física y mental- y la vida de la madre que no se pueda evitar por otros medios.

Para que la norma técnica entre en vigencia sólo hace falta la firma del poder ejecutivo. Por ahora, el presidente Carlos Alvarado dice esperar un momento oportuno, y justifica no firmarla todavía ya que no es una prioridad para su administración.

¿Miedo de provocar a los fundamentalistas? (Firme ya huevón)

Guatemala es un lugar más conservador, en el que recientemente se ha intentado endurecer los castigos para el aborto y eliminar las posibilidades de que el matrimonio igualitario alguna vez sea legal, bajo lesgislación titulada como «Ley para la Protección de la Vida y la Familia«.

El comité de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU pidió a El Salvador despenalizar el aborto en al menos cuatro causales en 2017: cuando el embarazo ponga en riesgo la salud y vida y la integridad de las niñas o mujeres, cuando el embarazo sea producto de una violación sexual, estupro o trata de personas, o en casos donde la vida extrauterina del feto sea inviable.

A pesar de todo, el estado salvadoreño se mantiene fiel a la hegemonía fundamentalista, haciendo caso omiso a las recomendaciones de la comunidad internacional. Los legisladores pueden ser bastante crueles en un país donde según las organizaciones feministas la mayoría de mujeres condenadas son pobres y analfabetas, y según los médicos que realizan los abortos clandestinos, la mayoría de sus pacientes son víctimas de violaciones.

Los casos como el de Evelyn no son aislados. En marzo de este año Cynthia Rodríguez y otras dos mujeres fueron liberadas bajo una situación similar, después de casi una década de batallas legales en las que el estado terminó afirmando que elementos como su condición social o de salud no fueron tomadas en cuenta a la hora de juzgarlas, resultando en penas desproporcionadas.

En Centroamérica tratamos a las mujeres que abortan de manera infrahumana, ignorando las emergencias obstétricas y respondiendo con la criminalización generalizada. Esa cultura patriarcal es también la raiz que detiene a nuestras asambleas legislativas de pasar las debidas reformas a nuestras leyes, a pesar del creciente respaldo público a las reformas del código penal.

Algún día vamos a dejar atrás la floja y falsa moral tradicional utilizada para legitimar legislaciones impresentables que criminalizan mujeres en posiciones vulnerables. Las únicas que deberían discutir y legislar sobre el aborto son ellas, a quienes les son negados sus derechos por hombres tontos y viejos mientras las condenan por crímenes que no cometieron.